Cuando las asociaciones de jueces juegan a ser partidos, el desastre es seguro.

 El joven intelectual andaluz, Rubén Pérez contesta el tuiter de la Asociación Profesional de la Magistratura, contra el intento del gobierno de desbloquear el Poder Judicial y el artículo publicado en ABC bajo el título “Asalto fraudulento a la justicia” el pasado 14 de octubre.

Los partidos pueden equivocarse, como las asociaciones judiciales pueden equivocarse. Cuando las asociaciones juegan a ser partidos, el desastre es seguro.

La APM, asociación mayoritaria de la magistratura, está desempeñando un papel muy peligroso. 

1) Por omisión: la APM elude la responsabilidad del CGPJ caduco en la precipitación de la crisis actual, lo que no es otra cosa que lavarse las manos, ya que esa asociación tiene mucho que ver con la actuación políticamente intencionada de un CGPJ que a día de hoy controla.

2) También elude exigir la menor responsabilidad a los partidos parlamentarios que han decidido bloquear la renovación (principalmente el PP, pero también Vox y C's).

3) Por acción:, una vez que ha optado por fijar toda la responsabilidad en el gobierno (opción legítima, pero poco rigurosa debido a la naturaleza del problema) y en los enemigos de la patria ("separatismo") , la APM tiene una inclinación perversa hacia la hipérbole política…

Entre otras exageraciones bárbaras, la APM ha comparado la reforma legal que se ha propuesto con un golpe de Estado. También ha asegurado que el Estado pasaría a ser autoritario. O ataca directamente a los partidos que apoyan el gobierno y a la mayoría del Parlamento. Etc. La crítica realizada por la APM no busca, lamentablemente, defender e impulsar la independencia judicial. Lejos de eso, pretende asegurar su posición de poder dentro del CGPJ y arremeter cueste lo que cueste contra el gobierno. Obviamente, la reforma legislativa que se propone admite numerosas críticas (un detalle: no me he pronunciado a favor). Pueden leer muchas de ellas, marcadas por el rigor analítico, la templanza política y la buena fe.

Cualquier parecido entre éstas y las críticas de la APM es pura coincidencia.

Rubén Pérez Trujillano 

Doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla